Desde diversos ámbitos de la sociedad española —fundaciones, think tanks, voces académicas, profesionales y ciudadanos comprometidos— se ha venido articulando, a lo largo de los últimos años, un diagnóstico compartido y una urgencia común: España enfrenta una encrucijada histórica que requiere no solo ajustes, sino una transformación profunda de su modelo político, económico y social. Este manifiesto recoge, sintetiza y amplía las principales reflexiones y propuestas surgidas de esos espacios de debate, con el objetivo de trazar un camino claro hacia una democracia más auténtica, una economía más próspera y justa, y una sociedad más cohesionada y esperanzada.

El punto de partida es una realidad que duele y preocupa a muchos. Se percibe un sistema político desgastado, que ha derivado en lo que muchos denominan una «partitocracia». En él, los partidos políticos, lejos de ser meros instrumentos de representación, han acumulado un poder excesivo, infiltrándose en todas las esferas de la administración y la vida pública. Sus estructuras internas suelen ser opacas y poco democráticas, contradiciendo el mandato constitucional. El líder decide, y un círculo cercano le secunda, dejando poco espacio para la voz crítica de las bases o de la sociedad. Este fenómeno se ve agravado por una ley electoral con listas cerradas y bloqueadas, que aleja a los representantes de los ciudadanos y los hace dependientes de las cúpulas partidistas. El resultado es una profunda desafección: la ciudadanía se siente engañada, ignorada y hastiada de una clase política que a menudo parece más interesada en perpetuarse en el poder y en la confrontación estéril que en buscar soluciones para el bien común.

Esta disfuncionalidad política tiene un coste tangible y asfixiante. España sostiene una de las arquitecturas administrativas más complejas y costosas de Europa: un Parlamento nacional, 17 parlamentos autonómicos, 2 ciudades autónomas, 50 diputaciones provinciales y más de 8.000 ayuntamientos. Esta proliferación de instituciones no solo genera un gasto público desbordante —especialmente en comunidades autónomas y ayuntamientos, que manejan dos tercios del total—, sino que ha creado un galimatías legal insostenible. La competencia legislativa entre tantos órganos produce una maraña normativa, falta de seguridad jurídica, duplicidades y una ruptura de la unidad de mercado que lastra nuestra competitividad. En lugar de solidaridad y equidad entre españoles, en ocasiones se fomenta un caciquismo moderno y una dinámica de «reinos de taifas» que fractura la cohesión nacional.

La corrupción, en sus formas política y económica, es la herida más visible y moralmente insoportable de este sistema. Surge de la opacidad en la financiación de los partidos, de la connivencia entre poder político y económico, y de la sensación de impunidad. Cada nuevo escándalo mina la credibilidad de las instituciones y envenena la vida pública. La ciudadanía exige, con razón, transparencia total y ejemplaridad absoluta por parte de todos sus dirigentes. Junto a esto, la justicia debe recuperar su independencia real. El sistema de elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, basado en mayorías simples que permiten el reparto entre los grandes partidos, politiza lo que debe ser un poder neutral. Es imperativo reformar estos mecanismos exigiendo mayorías cualificadas muy amplias que garanticen independencia, así como revisar el estatuto de la Fiscalía para fortalecer su autonomía.

Pero los problemas de España no son solo políticos. Atravesamos una grave crisis existencial, demográfica y económica. Nuestra tasa de natalidad es una de las más bajas del mundo desde hace décadas, muy por debajo del relevo generacional. Esto, unido al aumento de la esperanza de vida, nos conduce a un invierno demográfico de consecuencias devastadoras: menor crecimiento económico, caída del consumo, colapso del sistema de pensiones y una despoblación que vacía territorios y mengua nuestro peso en el mundo. Este suicidio demográfico se ha intentado paliar, de forma miope, con una inmigración a menudo descontrolada y no selectiva, que plantea serios desafíos de integración cultural, social y laboral, en lugar de promover una inmigración cualificada y gestionada con visión de Estado.

España, como país europeo con profundas raíces en la tradición judeocristiana y los valores de la Ilustración, debe abordar este desafío con pragmatismo y principios claros. Es esencial distinguir entre la inmigración económica, que puede ser beneficiosa cuando es cualificada y gestionada adecuadamente, y los flujos migratorios que plantean desafíos específicos de integración cultural. La experiencia europea muestra que la llegada masiva de personas de culturas radicalmente diferentes, sin políticas de integración efectivas, están generando tensiones sociales y desafíos a los valores fundamentales. España debe preservar su identidad cultural y sus valores democráticos -libertad de expresión, igualdad de género, separación entre religión y Estado, y derechos individuales- frente a ideologías que puedan ser incompatibles con ellos. Esto no significa xenofobia, sino realismo cultural: la integración exitosa requiere que los recién llegados adopten los valores fundamentales de la sociedad de acogida. Por ello es necesario implementar políticas migratorias selectivas que prioricen la cualificación profesional y el potencial de contribución económica, la disposición demostrada a integrarse en la sociedad española y adoptar sus valores fundamentales, y programas obligatorios de formación en lengua, historia y valores constitucionales, estableciendo mecanismos para prevenir la formación de guetos culturales y promover la convivencia. España debe abogar por una política migratoria común que controle efectivamente las fronteras exteriores de la Union Europea, impidiendo la llegada de inmigrantes ilegales y promoviendo la repatriación de los mismos.

La economía, aunque haya mostrado signos de recuperación tras la grave crisis de 2011-2012, arrastra debilidades estructurales. El Estado de bienestar es financieramente insostenible con la actual pirámide poblacional y con costes que se disparan, como en el caso de las pensiones. Se requiere una reformulación valiente que garantice su futuro sin traicionar sus principios. Nuestro modelo productivo necesita un giro radical: hay que potenciar la economía real, la agricultura, la industria, la exportación y los sectores de alto valor añadido. Es urgente estimular la inversión en I+D+i, en capital tecnológico y en formación profesional adaptada a las necesidades del futuro. La productividad debe ser el faro que guíe los salarios y la organización del trabajo. Además, los horarios españoles, anacrónicos y disfuncionales, deben racionalizarse y europeizarse para mejorar la conciliación familiar, la igualdad real entre hombres y mujeres y, en definitiva, la calidad de vida.

En el corazón de esta múltiple crisis late también una crisis de valores. Se ha perdido la cultura del mérito, del esfuerzo, del trabajo bien hecho y de la solidaridad genuina. En su lugar, a veces parece primar el clientelismo, la búsqueda del atajo, el victimismo y la confrontación alimentada por ciertos medios de comunicación y actores políticos. Se ha extendido un discurso que reniega de nuestra historia y cultura común, que siembra el odio y el resentimiento entre españoles, poniendo en peligro la convivencia y el proyecto común. Frente a ello, es necesario reafirmar con orgullo nuestra identidad plural —catalana, castellana, gallega, vasca, en definitiva, española e hispánica— como parte valiosa de la cultura europea. Necesitamos un humanismo renovado que coloque en el centro la dignidad de la persona, la familia como núcleo de cohesión social, la calidad de vida y un sentido superior del bien común que trascienda el bienestar individual.

Por todo ello, y ante el peligro de que el desencanto derive en soluciones populistas socialistas que, so capa de regeneración, buscan en realidad destruir la democracia y nuestras libertades, se hace imprescindible un gran Movimiento Ciudadano. No un partido político más, sino una fuerza cívica amplia, transversal, independiente y altruista, impulsada desde la sociedad civil. Un movimiento que actúe como conciencia crítica, grupo de presión y faro de propuestas. Su misión sería doble: por un lado, elaborar, desde el rigor técnico y la independencia, proyectos concretos de reforma en todas las áreas clave; por otro, obligar a los partidos políticos a abandonar la política del insulto y el enfrentamiento, y a centrarse en un diálogo constructivo para implementar esos cambios.

Este movimiento debería articularse a través de un Consejo Gestor o Grupo de Trabajo formado por personalidades de reconocido prestigio y solvencia moral, alejadas de la política activa pero con experiencia en gestión pública, empresa, academia y sociedad civil. Su labor sería la de un think tank y un action tank: pensar y actuar. Su metodología sería transparente y participativa: constituir grupos de trabajo temáticos (sistema electoral, justicia, modelo autonómico, demografía, educación, pensiones…), elaborar propuestas detalladas, presentarlas en actos públicos y a la prensa, y someterlas a un amplio debate social. Después, llevar estas propuestas a las sedes de todos los partidos democráticos, a las instituciones del Estado y a los medios de comunicación, para negociar su implementación y ejercer un seguimiento constante.

Las líneas maestras de esta agenda de regeneración son claras y surgen con fuerza de lo aquí expresado:

1. Reforma política y electoral profunda: Establecer listas abiertas y circunscripciones más pequeñas y cercanas al elector. Limitar los mandatos parlamentarios. Igualar completamente las condiciones de los diputados (salario, seguridad social, jubilación) a las del resto de ciudadanos. Fomentar la democracia participativa con mecanismos de consulta e iniciativa ciudadana más allá de las elecciones.
2. Refundación del Estado Autonómico: Simplificar drásticamente el marco normativo para recuperar la seguridad jurídica y la unidad de mercado. Racionalizar las administraciones, eliminando duplicidades y órganos superfluos. Reformar la financiación autonómica para garantizar equidad y solidaridad.
3. Lucha inquebrantable contra la corrupción y por la transparencia: Exigir total transparencia en la financiación de partidos, en las cuentas públicas y en la actuación de las administraciones. Reformar la justicia para garantizar su plena independencia política.
4. Plan de Rescate Demográfico Nacional: Aprobación urgente de políticas de Estado a largo plazo que apoyen decididamente a la maternidad y a la familia, con medidas fiscales (como el impuesto sobre la renta per cápita), ayudas directas, flexibilidad laboral y reconocimiento social. Gestionar la inmigración de forma ordenada y selectiva, priorizando la cualificación y la integración.
5. Pacto por un Estado de Bienestar Sostenible: Reformar el sistema de pensiones con valentía y justicia. Modernizar la sanidad y la educación, orientando esta última hacia la excelencia, los valores cívicos, el mérito y la adaptación al mundo del futuro. Vincular las políticas sociales a la creación de riqueza.
6. Estrategia económica para el siglo XXI: Apostar por la economía real, la digitalización y la I+D+i. Vincular salarios a la productividad. Flexibilizar y racionalizar horarios. Crear un entorno estable que atraiga inversión y talento.
7. Reafirmación cultural y ética: Promover un nuevo humanismo basado en el esfuerzo, la solidaridad, la honestidad y el bien común. Defender nuestra cultura y nuestra historia compartida frente a la leyenda negra y el extremismo. Exigir a los medios de comunicación que abandonen el sensacionalismo y se conviertan en aliados de la regeneración, promoviendo autoestima, rigor y debate sereno.

El llamamiento final es a la unidad, a la responsabilidad y a la acción. Hay una inmensa mayoría de españoles honrados, trabajadores y amantes de su país que anhelan un cambio. No podemos permitir que la desesperación o el cinismo nos paralicen. Es el momento de que todas esas personas, al margen de siglas y etiquetas obsoletas, se sumen a este impulso colectivo. Necesitamos un renacimiento demográfico, político, económico y moral. Un renacimiento que nos permita mirar al futuro con esperanza, reconociéndonos en lo mejor de nuestro pasado y trabajando juntos, con ilusión y determinación, para construir una España más fuerte, más justa, más libre y más feliz para nosotros y para las generaciones venideras.