Con frecuencia, el debate público sobre la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular se plantea en términos erróneos. La cuestión de fondo no es si debemos o no atenderles, sino por qué nos encontramos ante una situación de ilegalidad masiva que las autoridades competentes tienen la obligación de resolver. El verdadero problema es la presencia irregular en nuestro país, y la solución pasa por la devolución a sus lugares de origen, una tarea en la que deben esforzarse conjuntamente el Ministerio del Interior, Asuntos Exteriores y las consejerías autonómicas con competencias en la materia.

En este contexto, es normal y razonable que no se les provea de tarjeta sanitaria y que la asistencia que reciban sea circunstancial y diferenciada de la de los residentes legales. Esto no equivale a negar la atención en casos de urgencia, sino a evitar que se integren en el circuito sanitario ordinario, diseñado para nacionales, comunitarios y extranjeros extracomunitarios en situación regular. Se trata de una distinción necesaria para preservar la sostenibilidad de un sistema que, no lo olvidemos, se financia con las contribuciones de los ciudadanos legales.

La experiencia pasada nos ha dejado lecciones claras y costosas. Durante el mandato del presidente Rajoy, el Ministerio de Sanidad detectó la existencia de 910.000 tarjetas sanitarias en manos de extranjeros adultos en situación irregular. Lo más grave es que, de ellas, aproximadamente 500.000 pertenecían a personas que ya no residían en España. Este vacío legal generó una auténtica picaresca: individuos que venían a España, se empadronaban, obtenían la tarjeta y, posteriormente, regresaban a sus países pudiendo utilizarla allí, con cargo a las arcas públicas españolas. Esta sangría de recursos, aparte de ser un fraude, puso y pone en peligro las prestaciones sanitarias a los contribuyentes.

Resulta, por tanto, irresponsable defender una sanidad universal incondicional para cualquier persona que llegue a nuestro territorio. Somos un país con una gran solidaridad, pero también con recursos limitados. La comparación es clara: un cabeza de familia que abriera las puertas de su casa a todo el que quisiera entrar, permitiéndole consumir sus bienes y alimentos, estaría actuando en claro perjuicio de los suyos. Sería una temeridad. Del mismo modo, los gobiernos tienen la responsabilidad primordial de velar por el bienestar de sus ciudadanos y por la correcta administración de los fondos públicos.

Es imperativo, además, revisar los convenios internacionales en materia de salud para asegurarnos de que no son lesivos para los intereses de España. No podemos permitir que se conviertan en un coladero que fomente el “turismo sanitario gratuito” o genere un “efecto llamada” que agrave aún más el problema.

La postura sensata no es la del aperturismo ingenuo, sino la de la gestión firme, legal y ordenada. Atender circunstancialmente a quien lo necesite es una cuestión humanitaria, pero regularizar el acceso indiscriminado al sistema sanitario nacional es una irresponsabilidad que, a la larga, perjudica a todos, empezando por los propios ciudadanos legales que sustentan el Estado del Bienestar. La prioridad debe ser siempre la legalidad, el orden y la protección de lo que es de todos.