La hiper regulación y la superposición normativa en España ha generado un galimatías legislativo que, no es solo un problema sanitario, sino transversal a todas las políticas públicas. El problema de la profusión normativa es sistémico. No se resuelve con una sola medida, sino con una estrategia combinada que actúe sobre la producción, la organización, la vigilancia y la depuración de las normas.

Yo ya propuse que esta labor se realizara en el Senado de España y expuse cómo podría realizarse y como se coordinaría con los Parlamentos Autonómicos. No obstante, aquí recojo algunas ideas alternativas:

El mejor modo de evitar un galimatías es no generarlo. Se necesita un «filtro de calidad» en el origen. La evaluación de Impacto normativo no puede ser un trámite burocrático. Debe incluir un «Análisis de Superposición Normativa» obligatorio. Antes de proponer una ley, el órgano promotor (estatal o autonómico) deberá demostrar que ha verificado si ya existe legislación estatal, autonómica o europea sobre la materia, identificado los conflictos potenciales con normas existentes y justificando por qué la nueva norma es necesaria y no basta con modificar una existente. Esta EIN reforzada debería ser evaluada por un órgano técnico e independiente.

Se debería implementar el principio de “Una Entrada, Una Salida» a nivel estatal y, como buena práctica, en las autonomías. Por cada nueva norma que se apruebe y que imponga nuevas cargas administrativas, debe derogarse otra equivalente. Esto fuerza a priorizar y a eliminar lo obsoleto antes de añadir capas de complejidad.

También, crear una agencia estatal independiente (similar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIReF) pero para la calidad legislativa. Su función sería auditar las EIN, emitir informes preceptivos sobre la técnica y necesidad de las leyes, y medir la carga administrativa que generan.

De nada sirve tener buenas leyes si no se pueden encontrar o entender. Sería necesario crear una Base de Datos Legislativa Integral e Interoperable (BOE 2.0): Es una vergüenza democrática que no exista un portal único donde cualquier ciudadano o empresa pueda consultar TODA la legislación aplicable. Se necesita:

• Un Portal Único: Que integre de forma efectiva y con un motor de búsqueda potente todas las normas estatales, autonómicas y la de las entidades locales más importantes.
• Legislación «Viva» y Anotada: Cada norma debería estar enlazada con:
• Sus modificaciones posteriores.
• La jurisprudencia clave del Tribunal Constitucional y los Tribunales Superiores de Justicia que la interpretan.
• Las normas de desarrollo reglamentario.
• Un resumen en lenguaje claro («¿En qué le afecta esta ley?»).

También habría que impulsar una directriz nacional para que todas las nuevas normas se redacten con un lenguaje claro, accesible para no juristas, con estructuras sencillas y evitando remisiones en cascada. Esto reduce la litigiosidad y mejora el cumplimiento.

Para evitar que 18 Parlamentos legisladores (el Estado más 17 CCAA) choquen entre sí., habría que fortalecer las Conferencias Sectoriales, convirtiéndolas en los auténticos «senados de las autonomías». Deben ser foros donde, antes de legislar, los gobiernos presenten sus borradores para identificar solapamientos y buscar armonización. El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) es un modelo a seguir: un lugar donde se negocia y se pacta.

También establecer un sistema por el cual, si una comunidad autónoma detecta que un proyecto de ley estatal invade sus competencias (o viceversa), se active un protocolo de consulta y negociación obligatorio antes de recurrir a los tribunales. Se trata de pasar de la «cultura del recurso» a la «cultura del acuerdo».

El Consejo de Estado y los Consejos Consultivos deberían tener la capacidad de emitir informes de oficio sobre posibles conflictos competenciales en los anteproyectos de ley, no solo a petición de parte.

Finalmente hay que simplificar y limpiar lo que ya existente. El galimatías ya existe. Hay que limpiarlo. Por ejemplo, poniendo en marcha, de forma periódica (cada 5-10 años), comisiones independientes de expertos por sectores (sanidad, medio ambiente, etc.) con el mandato de identificar normas obsoletas, contradictorias o duplicadas, proponiendo su derogación pura y simple, o su consolidación en un solo texto legal. El proceso debe ser transparente y sus conclusiones, vinculantes en un porcentaje alto. Por ejemplo, si la comisión propone la derogación de 100 normas, el Parlamento debería votar un «paquete» para derogar al menos el 80%.

Mediante el uso de la inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural, partiendo de la base de datos legislativa, es posible generar «textos refundidos no oficiales» pero extremadamente precisos. Estos textos mostrarían cómo está vigente una ley en un momento dado, integrando todas sus modificaciones. Sería una herramienta de grandísimo valor para jueces, abogados y ciudadanos.

Resolver el galimatías legislativo no es una cuestión de una sola reforma, sino de instaurar una nueva cultura jurídico-administrativa. Pasar de un sistema que premia la producción normativa sin control a uno que valore la calidad, la coordinación, la accesibilidad y la simplificación.

Requiere una voluntad política férrea y un pacto de Estado porque todos los partidos, en algún momento, han contribuido al problema. Las soluciones técnicas existen; lo que falta es la decisión política de aplicarlas de forma sistemática y continuada. El resultado sería una administración más ágil, una economía más competitiva y una democracia de mayor calidad para los ciudadanos.