Mientras los narcotraficantes y terroristas son puestos en la calle y los delincuentes campean libremente por las calles tras decenas de detenciones y puestas en libertad, con la impotencia de los profesionales de nuestras fuerzas de seguridad, el ciudadano normal es tratado como sospechoso, como presunto delincuente viendo así cercenada su libertad.

Cada vez hay más normas y reglamentos en todos los órdenes de la vida que cumplir, más obligaciones, más trabajos que realizar, más declaraciones que presentar a una legión de político-funcionarios a los que alimentar.

En relación con los impuestos de los que se alimentan, hablan de grandes bolsas de fraude, pero la verdad es que no están hablando del fraude legal de las grandes corporaciones, sino del que puede hacer el pequeño trabajador autónomo que chapucea para poder sobrevivir. Este es y será el gran pagador. La economía española se ha sostenido por la acción de las pymes cuya gran mayoría está formada por empresarios y profesionales autónomos.

Al ciudadano normal se le trata como un presunto infractor, se le obliga a unas condiciones de conducción en muchas ocasiones absurdas y peligrosas, como limitar la velocidad a 50 o 60 Km/h en tramos de vías de servicio con tres y cuatro carriles, cosa que es imposible de cumplir y que nadie cumple. Se tacha al ciudadano como un irresponsable persiguiendo que se comporten como autómatas perdiendo su capacidad de discernir lo bueno de lo malo y de actuar con responsabilidad.

Mientras tanto la política de radares y de controles va dirigida principalmente al aumento de la recaudación por multas y no a la prevención de accidentes y el control de los conductores irresponsables e imprudentes, que son una gran minoría. Se ponen radares el rectas de autopistas sin ningún peligro, se controlan los coches que entran y salen de grandes urbanizaciones pata ver si se les pilla en alguna falta administrativa para sancionarles. (Éstos pagan por que tienen dinero en las cuentas que embargar), o se ponen escondidos en salidas de las autopistas o autovías a ver si pillan a alguien que no reduce drásticamente la velocidad tal como indican los letreros. El fin es recaudar exprimiendo al ciudadano.

La actual clase política y la consiguiente estructura de la Administración Pública del Estado se ha convertido en un cáncer para la sociedad, invadiendo su cuerpo y consumiéndola.

Hoy contamos con más funcionarios que nunca y, sin embargo, los servicios que recibimos son cada vez mucho peores. No cogen el teléfono, es necesaria cita previa, te obligan a hacerlo todo por internet mediante sistemas que mal funcionan y frecuentemente fallan. Y con servicios administrativos colapsados con los de la Seguridad Social. Hemos pasado de 700.000 funcionarios en 1975 a casi tres millones en 50 años, para una población que evolucionó en el mismo período de 35.516.340 a 48.085.361 habitantes. Es decir, hemos pasado de un 1,97% a un 6,2% de la población (tres veces más), con un índice de paro de un 4% en 1975 a un paro del 13% en 2023 (3,25 veces más) La dimensión del gasto público es inconmensurable y nos ahoga con un endeudamiento que en 1975 era del 7% del PIB y ahora, al final de 2023 alcanza la cifra del 111,2% del PIB. Una cifra que no podremos pagar nunca. Estas son las cifras que esclarecen lo acontecido en España en estos 50 años de partitocracia.

Hoy por hoy, los miembros del Congreso representan la soberanía de los partidos políticos, que son quienes los eligen; no del pueblo.